http://veraz.bitacoras.com VERAZ es-es http://veraz.bitacoras.com/archivos/2008/02/26/las-liberaciones-unilaterales

Aunque el llamado plan estratégico, según el cual las Farc lograrían tomarse el poder combinando todas las formas de lucha fue un absoluto fracaso y cuando estaban en el mayor grado de derrota gracias a la política de Seguridad Democrática del gobierno colombiano y a la efectividad de las operaciones legitimas de las fuerzas militares, una de esas formas de lucha, aterradora como todas las demás, les dio aires nuevos y las tiene hoy en las puertas de uno de sus principales objetivos: el reconocimiento de beligerancia.

Parece ser que la liberación de Consuelo González y Clara Rojas proveyó mayores frutos de los esperados y por ello consideran conveniente anunciar las de Gloria Polanco de Losada, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán Cuellar, con la explicita consigna de que se haría en “reconocimiento” a los “persistentes esfuerzos por concretar una cuerdo humanitario” adelantados por el presidente Hugo Chávez Frías y la senadora Piedad Córdoba. Pero exigen que sea en territorio colombiano, seguramente con la intención de sabotear la soberanía nacional valiéndose de la intervención del gobierno venezolano; y argumentando que la violencia en Colombia afecta a todo el continente invitan a otros “países amigos”, en un intento soterrado de darle al tema un carácter internacional, en el cual el gobierno colombiano no tendría capacidad de acción; y quitarse el título de terroristas, contando con el apoyo de algunos gobiernos simpatizantes.

Entre los 770 secuestrados que tienen las Farc, hay cerca de 50: diez políticos, tres extranjeros, un coronel, dos capitanes, trece tenientes, seis sargentos y doce cabos, que las Farc -en apariencia- pretenden intercambiar por 500 de sus miembros presos; sin embargo, la libertad de sus hombres o la de los secuestrados es secundaria, es solo un arma política con la cual pretenden lograr lo que no pudieron con las armas.
Por eso las liberaciones unilaterales seguirán en el primer renglón de la agenda de las Farc, solo que serán administradas con la astucia característica de los terroristas, serán discriminadas dependiendo de la importancia política de los rehenes y de los beneficios que reciban a cambio.

En ese sentido, es posible que luego de liberados Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán Cuellar, y analizados los beneficios, vendrán otras liberaciones continuando con los políticos, dejarán para el final los estadounidenses dependiendo de los beneficios que puedan sacar a ese gobierno y por ultimo entrarán en la agenda de discusión los militares que estarán sujetos al reconocimiento político del gobierno colombiano porque en ese evento la condición será de intercambio de prisioneros de guerra, fase ultima de sus aspiraciones políticas.
Todo eso irá hasta más allá de la permanencia del presidente Uribe en el gobierno por la perspectiva de un sucesor más asequible a los intereses del grupo secuestrador y que en el afán de presentar resultados termine retirando el mote de terroristas y dando reconocimiento político.
Ante ese escenario el gobierno nacional tiene pocas pero fundamentales opciones.

En primer termino, adoptar la exitosa marcha del 4 de febrero como la clara manifestación popular contra las Farc y partiendo de allí, crear una unidad política integral donde participen todos los sectores políticos sin distinción ideológica en rechazo al terrorismo, al narcotráfico y al secuestro de los grupos terroristas cualquiera que sea su denominación, y por otro lado, agilizar e intensificar las presiones para que el grupo terrorista acceda a que una comisión médica internacional verifique el estado de salud de los rehenes.]]>\n http://veraz.bitacoras.com/archivos/2008/02/26/la-contramarcha

La actividades terroristas deben ser categóricamente condenadas sin que importe tanto de quien provengan; se trata de buscar soluciones mas que culpables; lo contrario enardece los ánimos y profundiza los odios; las masacres y demás atrocidades cometidas por los paramilitares deben recibir tanto repudio y condenas como los cometidos por las Farc, ninguno de los actos de esos grupos terroristas merece consideración. Por ello la marcha programada para el 6 de marzo debe tener objetivos definidos en contra de la violencia y el terrorismo, a favor de la libertad de los secuestrados que ya cumplen 10 años, y no encasillarla únicamente contra los grupos paramilitares y menos responsabilizar de ellos al Estado, porque entonces se trataría de una retaliación, una contramarcha a la marcha de rechazo a las farc como la están tomado algunos sectores de opinión, que ya dejan ver suspicacias perjudiciales.

Por ejemplo, en las consultas de opinión que hacen por estos días algunos medios de comunicación ya son constantes los temores de que así se trate, y argumentan hechos como el que un frente de las farc, precisamente el que secuestró y asesinó a los once diputados del Valle del Cauca lleve el nombre de Manuel Cepeda Vargas, padre del organizador de la marcha de 6 de marzo Iván Cepeda Castro, y que éste no haya manifestado su rechazo ni su indignación a que el nombre de su padre sea tomado como inspiración para esa clase de abominaciones.

Se preguntan porqué un grupo terrorista, que además del secuestro y asesinato de los políticos del Valle, es autor de actos como los atentados contra varios cajeros electrónicos en Cali en abril de 2004, las voladuras de torres de energía eléctrica en la Curva del Diablo en el Valle a finales del 2005 donde asesinaron a cinco personas, el ataque a la represa de Anchicayá en agosto del 99 donde secuestraron 6 periodistas y 120 trabajadores, el ataque al puesto militar de Cerro Tokio donde asesinaron a 16 militares en marzo del 2000, los nueve atentados del 15 de junio de 2007 en Buenaventura en retaliación por la muerte de su cabecilla, alias JJ, en los que hirieron a 30 personas entre ellas siete niños, la motocicleta bomba en la que asesinaron a cinco personas entre ellas al carretillero y su nieto en agosto de 2006; entre otra larga serie de actos deplorables; toma en un acto de homenaje el nombre de una persona y luego, precisamente cuando ha ocurrido una marcha contra esos actos terroristas, su hijo convoca una marcha contra el otro bando, sin hacer reproche alguno por el uso criminal del nombre de su padre. O sino que lo digan los vallecaucanos para quienes el nombre de Manuel Cepeda no inspira el respeto que debiera por su encomiable labor sindicalista sino pavor por sus familias, bienes y bienestar

Sin embargo no es cuestión de discutir las razones históricas de ese homenaje, sino la extraña actitud del convocante que no muestra la indignación que debiera por el uso del nombre de su padre para asesinar, mutilar, secuestrar y aterrorizar a cientos de colombianos; por supuesto de las farc no puede esperarse remordimiento alguno, pero de nuestro convocante sí, en el entendido que es una persona honorable que merece todo el respeto y consideración.]]>\n http://veraz.bitacoras.com/archivos/2007/11/26/los-llanos-del-yari-y-las-farc

El Yarí es un sector entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, donde convergen la Serranía de la macarena y lo ríos Duda y Guayabero, que brinda condiciones excelentes de movilidad hacia la selva amazónica –incluyendo los grandes ríos como Guaviare, Caguán y Vaupés, que son excelentes salidas hacia países como Venezuela, Perú y Brasil-, lo cual ofrece gran potencial para la producción de cocaína y el trafico de armas.

Es una región donde la presencia estatal se hace con la Fuerza Pública que adelanta operaciones militares contra los guerrilleros; la inversión social del Estado es insignificante y eso lo han utilizado las farc para consolidarse como autoridad sobre los escasos pobladores, lo cual sumado a las difíciles condiciones geográficas retrasa la eficiencia de las operaciones contra los terroristas.

La historia guerrillera en los llanos del Yarí, área rural del municipio de San Vicente del Caguán, se remonta a comienzos de los años 50 del siglo 20, cuando el gobierno conservador de Laureano Gómez liberó a los más crueles y sanguinarios reos de la cárcel ‘La Picota’ para que eliminaran a los liberales de San Vicente, quienes huyendo se refugiaron en las selvas del Yarí, pero hasta allí fueron perseguidos en 1952 por grupos organizados de guerrilleros dirigidos por ‘Hernando Palma’, ‘Oscar Reyes’, ‘Gavilán’, ‘Relámpago’, ‘Freno Largo’ y ‘Golondrino’, asentándose desde entonces en ese sector.

Posteriormente, entre 1953 y 1954, ante la feroz arremetida terrorista de Tiro Fijo, el Estado colombiano ocupó las llamadas “repúblicas Independientes” como Marquetalia, Rio Chiquito, El pato y Guayabero, obligando a los guerrilleros a refugiarse en los Llanos del Yarí, convirtiéndolos desde entonces en área de retaguardia estratégica y baluarte geográfico donde el secretariado constituyó por muchos años su llamado cuartel general.

Para el grupo terrorista las posibilidades de triunfo son elevadas, solo deben superar algunos obstáculos como la Política de Seguridad Democrática. Ante eso la propuesta de Iván Márquez de reunir a Hugo Chávez con Manuel Marulanda en el Yarí, muestra varias intensiones: 1) buscar el respiro que daría la suspensión obligada de las Operaciones militares en la zona. 2) proteger a los máximos cabecillas que están acorralados y en grande riesgo de ser capturados. 3) dilatar en el tiempo cualquier conversación en espera de que en 2010 asuma la presidencia alguien con una nueva estrategia, favorable a sus intereses (Polo Democrático Alternativo). 4) Ganar tiempo para la inclusión de más personalidades que sirvan de mayor presión política hasta forzar al gobierno a ceder ante las exigencias.

La reunión en el Yarí, de darse, sería presentada por las Farc como la legitimación del dominio territorial, diferente del despeje por razones humanitarias de Pradera y Florida, porque sería reclamada por las farc como una ‘visita diplomática, oficial’, como el establecimiento de ‘relaciones diplomáticas’ entre el “comandante Chávez y el comandante Marulanda.

Ante ese panorama, corresponde al gobierno nacional tomar la iniciativa y sumir el liderazgo, antes de que las cosas se salgan de sus manos y termine obligado a aceptar las condiciones de las farc ante la fuerte presión de los países europeos; por eso es recomendable implementar una estrategia de fuerza hacia los llanos del Yarí, que obligue a los cabecillas a salir hacia regiones menos favorables, a realizar movimientos no planeados y a abandonar un territorio de tanto significado histórico para los terroristas; así lograría un efecto positivo de doble vía, por un lado golpearía gravemente la moral de combate de los terroristas por verse obligados a abandonar su centro principal de injerencia y dominio territorial retrocediendo en sus estrategias y por el otro la sensación de triunfo que causarían esos resultados operacionales en las Propias Tropas, redundaría en mejores resultados contra los bandidos.

También es recomendable determinar con quien o con que apoyos políticos cuenta el Estado, más que pretender neutralizar los apoyos actuales de las Farc, como Piedad Córdoba, Hugo Chávez, algunos Senadores demócratas, ONG’s, etc., buscar los propios que sirvan de validadores de las tesis del gobierno nacional y además determinar que temas deben trabajarse con mayor entusiasmo, donde las Farc o sus aliados no tengan oportunidad de soslayar como el secuestro, la fabricación y uso de minas antipersonas, narcotráfico, reclutamiento de niños y los actos de terrorismo que son categóricamente rechazados y condenados por las comunidad mundial, innegables en el prontuario criminal de las Farc y sobre los cuales el Estado no puede ser señalado.]]>\n http://veraz.bitacoras.com/archivos/2007/11/26/la-consigna-secreta-de-las-farc

Las Farc tienen una consigna secreta y permanente para toda reunión o conversación con el gobierno nacional, -por el intercambio humanitario o por la paz-. Surgió en 1953, en desarrollo de una amnistía –ley de Paz, Justicia y Libertad- con el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, cuando aún se hacían llamar ‘autodefensas liberales’ que logró la desmovilización y el desarme de muchos grupos guerrilleros existentes en la época; fue hecha por el fundador de las Farc Eduardo Franco Izasa a los encargados de negociar la desmovilización y el desarme: “Si las cosas no nos convienen pongamos siempre la disculpa de que mientras no estemos todos reunidos no se podrá hacer mayor cosa, pero si ven algo favorable no vacilen y hagan lo que convenga a nombre de todos”.
Por otro lado, la efectividad de la política de seguridad democrática del gobierno colombiano negándole la posibilidad de ejecutar las acostumbradas acciones terroristas; obligó a las Farc a reconocer su fracaso en el campo armado y a cambiar de estrategia; sin calcular que en su perfidia y aprovechando las circunstancias políticas del momento, propicias por la intervención autorizada de Hugo Chávez, claramente favorable a sus intereses, los guerrilleros optaron por la acción puramente política y lo hicieron en el escenario internacional, un espacio muy elevado donde ahora tienen buen recibo; -Ecuador, Brasil, México, España, Nicaragua y Cuba, han manifestado estar “listos para recibirlos en sus territorios”-, y lo preocupante es que eso no depende ya del gobierno colombiano, que poco puede hacer para influir en lo que esos gobiernos decidan con respecto a las Farc. Mientras ellas mantengan en primer plano el intercambio humanitario, el fin del secuestro y del narcotráfico y la expectativa de paz para Colombia, aunque sea una falacia, serán bien recibidas en esos u otros países.

Tanto que ya las cosas podrían salirse de las manos del gobierno nacional y pasar directamente a las de Hugo Chávez, Piedad Córdova, Iván Márquez, Nicolás Zarkozi, Tiro Fijo y algunos congresistas norteamericanos, todos ellos con intereses propios, por desgracia favorables a los secuestradores, por lo que poco les importa el país o los colombianos que lo integran; para ellos solo valen 45 secuestrados de primera categoría y los quieren rescatar aunque deban entregar a las Farc al resto de los 44 millones, incluyendo los 3 mil secuestrados que seguirían en los campos de concentración de las Farc sobre quienes nadie hace referencia en las negociaciones del intercambio.

Podemos entender en consecuencia, porque todo intento de dialogo con ese grupo armado además de ser infructuoso, es usado como herramienta para avanzar en sus aspiraciones, como ha sido dicho en muchas columnas de prensa de muchos medios y por muchos analistas: el propósito de las conversaciones no es la paz sino los beneficios políticos, y lo peor es que aún así, sabiéndolo, quizás engañados en su buena fe, los gobiernos caen en la trampa y siguen ignorantes de que los guerrilleros siempre ganan, en la misma proporción en que el Estado pierde, porque mientras se empobrece y desprestigia a causa de la aparente ineficiencia en la búsqueda de la paz y la lucha contra la violencia, los guerrilleros fortalecen su capital político, sintiéndose tan fuertes que como ahora se atreven a pedir otra zona de despeje en el Yarí, desestimando la tesis del Presidente Álvaro Uribe de cero despejes.
Sin embargo no todo esta en su favor y es allí donde el gobierno colombiano debe apresurarse para negarle éxitos políticos y valerse de escenario internacional donde están hoy para desenmascararlas y causar su desprestigio mundial: primero) que el secuestro es un crimen de ‘lesa humanidad’ establecido así en los estatutos de la Corte Penal Internacional, CPI. Segundo) que su propuesta de intercambio humanitario va en dirección a liberar solo 45 secuestrados ‘importantes, desconociendo los otros 3 mil que seguirían privados de su libertad, tercero) que es innegable que el grupo armado es hoy por hoy el cartel mas poderoso del narcotráfico y lavado de activos del mundo, cuarto) que todos sus actos son claramente terroristas y en su mayor numero dirigidos indiscriminadamente contra la población civil, quinto) el uso de minas antipersonas, que mutilan y asesinan un gran numero de personas civiles, y sexto) que hacen reclutamiento forzado de niños, todo eso prohibido por el derecho internacional y por los estatutos de la CPI.]]>\n http://veraz.bitacoras.com/archivos/2007/11/26/el-final-del-holocausto

Han transcurrido 22 años desde la ocurrencia de una de las peores desventuras de la que se tenga conocimiento en Colombia, y todavía, ni las verdaderas victimas, ni los verdaderos dolientes han tenido sosiego, como tampoco castigo los verdaderos victimarios, y no tanto por la supuesta ineficiencia de la justicia o a causa de la ley de indulto sino porque quienes se consideran victimas, argumentando insuficiente el indulto del que fueron benefactores, por diferencias ideológicas o políticas, intentan demostrar culpables a quienes no lo son, en una doble y hábil jugada, una combinación de formas de lucha que de todas maneras aporta beneficios; por un lado se desprestigia y debilita la institucionalidad, -responsabilidades superiores-, validando con ello sus tesis contrarias, y por el otro se obtienen enormes beneficios económicos a causa de las indemnizaciones impuestas no solo por la justicia colombiana sino además por la internacional.

La intención es doble, por un lado, poner en una situación incomoda al Presidente Uribe, al obligarlo a que sea él quien acepte la responsabilidad del Estado, a que garantice que esos hechos nunca vuelvan a ocurrir y a que sea él quien deba cumplir lo ordenado en la Ley 1056 de 2006, y por el otro causar desprestigio contra las Instituciones del Estado, particularmente hacia las Fuerzas Militares equiparando su accionar constitucional con la acción terrorista.

Pero no se juega limpiamente, se parte de la culpabilidad y no de la presunción de inocencia como sería el derecho y en consecuencia el acusado debe demostrar su inocencia que ante su incapacidad económica y académica para defenderse termina condenado o como en la mayoría de los casos inocente pero cuando ya el daño a su dignidad y su honra es irremediable; y en ello juegan papel determinante los encargados de ejercer justicia porque en un intento por mostrar independencia o por la inseguridad jurídica que generan las presiones de diversos sectores y de ONG’s enemigas, terminan a favor del lado acusador.

Es por ello que hoy vemos como se reviven casos ya fallados. Faltando al principio de ‘cosa juzgada’, luego de 22 años son acusados, encarcelados y mancillados quienes en cumplimiento de una obligación constitucional repelieron una acción terrorista mientras quienes la hicieron además de ostentar cargos y dignidades de primer nivel nacional se erigen victimas o defensores de ellas. Quienes perdieron la guerra juzgando a quienes los vencieron, no es muestra de justicia, justo sería que así como en procura del interés nacional los autores del crimen recibieron amnistías e indultos, quienes los combatieron, aun reconociendo supuestos excesos, también.

Esta bien que se haga justicia, que se cumplan los acuerdos de amnistía e indulto, y que haciendo la salvedad de se que trata del resarcimiento por hechos ocurridos en un gobierno anterior, con un gobernante y unos mandos militares anteriores y diferentes a los actuales, por lo que las reparaciones ordenadas se cumplen sobre la responsabilidad de otros, se de cumplimiento a la Ley 1056 de 2006 creada para ese caso y en consecuencia se respete el seis de noviembre como “Día nacional del derecho a la vida”, se construya el “monumento a la vida”, se haga el documental con las imágenes, se cree el centro de documentación en la biblioteca Luis Ángel Arango, se emitan estampillas y se realicen seminarios, foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión en universidades, colegios, escuelas, etc., pero que con ello se de por cerrado tan doloroso caso, para descanso eterno de las victimas y para cerrar el riesgo de que otros grupos armados vinculados con el narcotráfico adviertan beneficios en acciones similares.

Al mismo tiempo sería útil que el Presidente Belisario Betancourt, como gobernante de la época, se manifieste ante la opinión pública reconociendo su responsabilidad y en consecuencia exonerando de ella al gobierno del Presidente Álvaro Uribe; que los desmovilizados del M-19, reconociendo su responsabilidad se comprometan a no volver a incurrir en esa clase de hechos ni a vincularse con grupos narcotraficantes y de paso pidan perdón ante el país y finalmente que el Estado busque acuerdos con las victimas reales, que impidan la acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esta no solo obligará al Estado a indemnizaciones exageradas sino que tendrá repercusiones políticas internacionales desfavorables para el país.]]>\n