VERAZ

Lunes, 26 de noviembre de 2007

EL FINAL DEL HOLOCAUSTO

Han transcurrido 22 años desde la ocurrencia de una de las peores desventuras de la que se tenga conocimiento en Colombia, y todavía, ni las verdaderas victimas, ni los verdaderos dolientes han tenido sosiego, como tampoco castigo los verdaderos victimarios, y no tanto por la supuesta ineficiencia de la justicia o a causa de la ley de indulto sino porque quienes se consideran victimas, argumentando insuficiente el indulto del que fueron benefactores, por diferencias ideológicas o políticas, intentan demostrar culpables a quienes no lo son, en una doble y hábil jugada, una combinación de formas de lucha que de todas maneras aporta beneficios; por un lado se desprestigia y debilita la institucionalidad, -responsabilidades superiores-, validando con ello sus tesis contrarias, y por el otro se obtienen enormes beneficios económicos a causa de las indemnizaciones impuestas no solo por la justicia colombiana sino además por la internacional.

La intención es doble, por un lado, poner en una situación incomoda al Presidente Uribe, al obligarlo a que sea él quien acepte la responsabilidad del Estado, a que garantice que esos hechos nunca vuelvan a ocurrir y a que sea él quien deba cumplir lo ordenado en la Ley 1056 de 2006, y por el otro causar desprestigio contra las Instituciones del Estado, particularmente hacia las Fuerzas Militares equiparando su accionar constitucional con la acción terrorista.

Pero no se juega limpiamente, se parte de la culpabilidad y no de la presunción de inocencia como sería el derecho y en consecuencia el acusado debe demostrar su inocencia que ante su incapacidad económica y académica para defenderse termina condenado o como en la mayoría de los casos inocente pero cuando ya el daño a su dignidad y su honra es irremediable; y en ello juegan papel determinante los encargados de ejercer justicia porque en un intento por mostrar independencia o por la inseguridad jurídica que generan las presiones de diversos sectores y de ONG’s enemigas, terminan a favor del lado acusador.

Es por ello que hoy vemos como se reviven casos ya fallados. Faltando al principio de ‘cosa juzgada’, luego de 22 años son acusados, encarcelados y mancillados quienes en cumplimiento de una obligación constitucional repelieron una acción terrorista mientras quienes la hicieron además de ostentar cargos y dignidades de primer nivel nacional se erigen victimas o defensores de ellas. Quienes perdieron la guerra juzgando a quienes los vencieron, no es muestra de justicia, justo sería que así como en procura del interés nacional los autores del crimen recibieron amnistías e indultos, quienes los combatieron, aun reconociendo supuestos excesos, también.

Esta bien que se haga justicia, que se cumplan los acuerdos de amnistía e indulto, y que haciendo la salvedad de se que trata del resarcimiento por hechos ocurridos en un gobierno anterior, con un gobernante y unos mandos militares anteriores y diferentes a los actuales, por lo que las reparaciones ordenadas se cumplen sobre la responsabilidad de otros, se de cumplimiento a la Ley 1056 de 2006 creada para ese caso y en consecuencia se respete el seis de noviembre como “Día nacional del derecho a la vida”, se construya el “monumento a la vida”, se haga el documental con las imágenes, se cree el centro de documentación en la biblioteca Luis Ángel Arango, se emitan estampillas y se realicen seminarios, foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión en universidades, colegios, escuelas, etc., pero que con ello se de por cerrado tan doloroso caso, para descanso eterno de las victimas y para cerrar el riesgo de que otros grupos armados vinculados con el narcotráfico adviertan beneficios en acciones similares.

Al mismo tiempo sería útil que el Presidente Belisario Betancourt, como gobernante de la época, se manifieste ante la opinión pública reconociendo su responsabilidad y en consecuencia exonerando de ella al gobierno del Presidente Álvaro Uribe; que los desmovilizados del M-19, reconociendo su responsabilidad se comprometan a no volver a incurrir en esa clase de hechos ni a vincularse con grupos narcotraficantes y de paso pidan perdón ante el país y finalmente que el Estado busque acuerdos con las victimas reales, que impidan la acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esta no solo obligará al Estado a indemnizaciones exageradas sino que tendrá repercusiones políticas internacionales desfavorables para el país.